La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades por mil 106 millones 131 mil 200 pesos en pagos realizados por Liconsa en Chihuahua durante 2023, al no encontrar documentación suficiente que comprobara la recepción de la leche adquirida a 750 productores registrados en el programa de compra nacional.
Las operaciones fueron realizadas durante la gestión de Gregorio Chávez Treviño como gerente estatal de Liconsa, quien además estuvo a cargo de administrar uno de los contratos revisados. De acuerdo con el informe de auditoría forense 235, la leche era recibida en centros privados y no directamente en las instalaciones de la paraestatal, lo que dificultó verificar los volúmenes entregados. Los auditores señalaron la ausencia de comprobantes de pesaje y otros documentos para respaldar las operaciones.
Otro de los hallazgos fue la identificación de al menos cinco beneficiarios que aparecían como fallecidos en los registros oficiales, pero que figuraban con pagos por entregas de leche durante el mismo año. Entre ellos se encuentra Óscar Rosario Rodríguez Fierro, quien recibió 973 mil 800 pesos por entregas reportadas hasta noviembre, pese a que murió en febrero de 2023. También se documentó el caso de Ramón Giner Soto, con pagos por 53 mil 100 pesos después de su fallecimiento.
La ASF también rastreó movimientos bancarios que mostraron que cuatro proveedores recibieron más de 75.7 millones de pesos y transfirieron cerca de 74.7 millones a la empresa Agrícola Ganadera Los Luján. A esto se sumaron diferencias entre los volúmenes de leche pagados y los registrados como recibidos por ILAS México: aproximadamente 3.5 millones de litros, valuados en 37.8 millones de pesos, quedaron sin un destino acreditado ante los auditores.
Las observaciones forman parte de la revisión de la Cuenta Pública 2023 y apuntan a deficiencias en los controles para verificar las entregas, validar a los beneficiarios y dar seguimiento al dinero público. La falta de documentación comprobatoria mantiene los recursos bajo observación de la autoridad fiscalizadora, sin que estos hallazgos representen por sí solos una declaración definitiva de responsabilidad penal. El caso plantea cuestionamientos sobre la supervisión de las compras de leche y la transparencia en el ejercicio del presupuesto federal.